En un primer momento, se planteó un plazo específico para la inauguración de la colosal obra de ampliación, pero hubo problemas con el consorcio que estaba a cargo de la construcción y, luego de no pocas reuniones, el proyecto logró concretarse.
Ahora, el GUPC (Grupo Unido por el Canal) está exigiendo al gobierno de Panamá unos U$S 5673 millones por sobrecostos y retrasos de la obra.
Según voceros de la empresa de capitales españoles Sacyr, el monto que podrían exigir el consorcio es el que antes indicábamos, aunque aún no han definido espefícamente si buscarán cobrar la totalidad o si presentarán una demanda un poco menos onerosa, pero seguramente millonaria contra las Autoridades del Canal (ACP)
Desde la Autoridad del Canal, explican que cuentan con garantías que puede ejecutar si no está conforme con el resultado del contrato y se mostraron molestos por las reclamaciones de las empresas que conforman el consorcio.
