Traversari: ‘Me tranquiliza que no haya una contaminación política’
Leonardo Traversari, titular de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, habló con La Hora sobre el interés del sector comercial de salir de la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ubicó al país como un riesgo en lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación al terrorismo.
Coincidencialmente el programa de preferencias arancelarias (Atpdea) con Estados Unidos se encuentra en estos momentos en su revisión de medio año.
¿Qué acciones ha llevado con la oficina de comercio de Estados Unidos (USTR)?
Las gestiones ante el representante del comercio se enmarcan en algo que se derivó del proceso de extensión de la Atpdea en diciembre último y tiene que ver con la normativa que emitió el legislativo estadounidense para extenderlo y que contempló un proceso de revisión a medio año del cumplimiento de los criterios de legibilidad por parte de los países beneficiarios.
¿Esos criterios se vieron alterados por el informe del GAFI?
El informe del GAFI puede ser un elemento que puede ser tomado en cuenta en lo que tiene que ver con la dimensión de la lucha en contra del narcotráfico, pero en ese sentido el Ecuador tiene un historial positivo. Hemos visto que las capturas de droga se han incrementado, hay un esfuerzo permanente de fuerza pública en la frontera norte, es decir, sí se ha demostrado un compromiso. Desde el punto de vista en contra del narcotráfico no hay cuestionamientos, el tema del GAFI es un efecto colateral que tiene que ver con lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en este sentido, lo que nosotros hemos comunicado a la oficina del comercio es que hemos visto, por parte de la Procuraduría General del Estado un esfuerzo serio, técnico, de ver cómo emprender acciones, que además se las están coordinando con el sector privado. Dentro de ese ámbito yo creo que es importante que se vea que el ejercicio de la Procuraduría es un ejercicio bueno y técnico.
Lo bueno es que la Procuraduría ha hecho el esfuerzo de aislar el tema de lo político.
¿Qué pasa con lo que tiene que ver con seguridad jurídica?
Dentro de los criterios de legibilidad se habla del clima de negocios y dentro de eso se involucra a la seguridad jurídica.
Lo que tiene que ver con el GAFI, dentro del comunicado que se emitió primero, hay que señalar que reconocen que el Ecuador ha sido cooperante pero que no se ha visto un compromiso del más alto nivel político, y esto relacionado al ámbito de seguridad jurídica es que tal vez se necesita ir generando legislación adicional con lo que tiene que ver específicamente con el financiamiento al terrorismo, porque lo que tiene que ver con lavado de activos ya hay una Ley al respecto, que se la puede pulir y perfeccionar. Entonces los temas de preocupación son el financiamiento al terrorismo y sobre todo la criminalización y la capacidad de incautación de los activos provenientes del lavado de activos.
En ese sentido lo que hemos podido ver es que el Procurador tiene un plan de acción detallado que va a ser presentado en la plenaria del GAFI en junio.
¿Sin embargo, hay que recordar que a Guatemala le tomó 2,5 años salir de la lista?
Por eso digo que esto es un proceso que probablemente nos puede llevar más tiempo de lo que esperamos. Pero desde un punto de vista objetivo me pareció saludable el anuncio del Presidente (Rafael Correa), de que no se va a meter el Gobierno y que le va a dejar al Procurador por su lado. Es decir, que él remita los pronunciamientos que considere necesarios. Me tranquiliza que no haya una contaminación política del tema. Pero por otro lado la pregunta es: ¿el GAFI va a aceptar la opinión del Procurador como la opinión del más alto nivel del país en cuanto al compromiso de luchar en contra del lavado de activos y el terrorismo que quiere ver el GAFI?
Es decir, que digan que además del Procurador lo que nosotros quisiéramos ver es una instancia de más alta jerarquía que se pronuncie al respecto.
Ahí sí yo aspiraría a que las declaraciones del Gobierno sean coherentes con el interés del país y sobre todo que sean consecuentes con los sectores que hoy se están afectando por habernos incluido.
¿En el caso comercial qué efectos han detectado?
Estoy receptando de varios de mis socios información de que los trámites para recibir transferencias del exterior relacionadas al comercio se están volviendo cada vez más complicados, más engorrosos; la documentación que están pidiendo los bancos extranjeros se está haciendo mucho más complicada y esto genera costos y resta competitividad a los sectores exportadores que son importantes generadores de empleo y en este caso estamos hablando de sectores como el Atpdea, que generan alrededor de un 8% de trabajo. Entonces no son pocos trabajos y en la medida que no se actúe pensando en los efectos reales.
¿El juicio de Chevron ha fastidiado un poco la seguridad jurídica del país?
Como Cámara no podemos asumir la defensa de ningún caso específico de ningún socio, pero sí aspiramos a que el tratamiento a nivel judicial que reciba Chevron a nivel del país sea justo, imparcial, transparente y alejado de cualquier interferencia política y con resultados equitativos.
¿Qué otros temas son de preocupación del USTR?
Temas relacionados con propiedad intelectual, que es sensible para el Gobierno estadounidense. Hemos venido monitoreando el tema de licencias obligatorias y la utilización de ciertos conceptos de propiedad intelectual en el manejo de prácticas anticompetitivas que se quieren declarar en el país, en ese sentido nosotros aspiramos a que el país se sujete a las normativas internacionales y se las respete y esos compromisos han sido ratificados. En el tema de licencias obligatorias hay que levantar un punto de vista adicional de que el decreto que motivó la posibilidad de emitir licencias habla de que busca garantizar el acceso a la medicina, y el acceso a medicina no se restringe únicamente por precios. Asumir a priori que una licencia obligatoria que está orientada a conseguir un mejor precio de la medicina es un problema de acceso, yo creo que es prejuzgar un problema del país. Nosotros aspiramos a que estos temas sean evaluados.
Fuente: La hora.
