Esta vez, quien se manifiesta en ese sentido es el Ministerio Público Fiscal a través del fiscal de la Unidad de Lavado de Dinero, Hernán Galeano, quien pidió mayor precisión a la ANNP en su convenio con la empresa FTP Group.
El funcionario busca establecer qué organismo fue el responsable de darle legalidad a un acuerdo por lo menos dudoso, el cual debía haberse regido por la Ley de la Alianza Público Privada, norma que exige varios controles antes de finalmente conceder una licitación.
Recordemos que la firma FTP Group, estaría vinculada al empresario argentino procesado Lázaro Báez, y pertenece a un peluquero y a su hijo quienes claramentre no tienen el capital ni el conocimiento necesario para ser contratista del segundo puerto más importante del Paraguay.
