Contraloría lleva a la Corte Suprema el contrato con Panama Ports
La Contraloría General de la República de Panamá presentó ante la Corte Suprema de Justicia dos demandas —una de inconstitucionalidad y otra de nulidad— contra el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC); calificándolo como “leonino y abusivo”.
El contralor Anel Flores explicó que la acción se basa en una auditoría que detectó múltiples irregularidades en la ejecución del acuerdo que desde 1997 otorga a PPC la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. La renovación automática del contrato en 2021, sin una revisión formal, ha sido uno de los principales puntos de crítica.
Según el informe oficial, el Estado panameño habría dejado de percibir al menos USD 1.337 millones en ingresos por la operación portuaria durante los años de vigencia del contrato. Flores también señaló que existen reportes internacionales de transacciones de activos de PPC —incluyendo su venta parcial en negociaciones lideradas por BlackRock— sin participación ni conocimiento del Estado panameño.
La Contraloría advierte que la actual estructura contractual podría facilitar transferencias de control sobre activos estratégicos sin supervisión nacional; en un momento en que empresas como la china Cosco estarían buscando participar en la compra de 43 puertos de CK Hutchison, matriz de PPC.
El posible ingreso de Cosco —que según Bloomberg busca poder de veto en la nueva estructura operativa— ha despertado inquietudes por las implicaciones geopolíticas en la red logística panameña; un eje clave en el comercio marítimo mundial.
Flores hizo un llamado a la Corte para que las demandas sean admitidas con celeridad, subrayando la necesidad de corregir un “daño histórico” para el país. “Los panameños no estamos de acuerdo ni complacidos con lo que ha vivido el país”, sentenció.
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