El fracaso en que, una vez más, se sumergieron las negociaciones por un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur hace 15 días en Bruselas no fue fruto del azar: el Parlamento Europeo tuvo una fuerte injerencia para que naufragara el diálogo entre ambos bloques.
Más allá de las trabas técnicas que interfirieron para llegar al debate de ofertas y avanzar en la negociación, un extenso informe del Parlamento de la Unión Europea que se emitió una semana antes de esa ronda fue clave para entender la dureza que mostraron los países europeos.
«El nivel de integración comercial en la unión aduanera del Mercosur no es suficiente en la actualidad para garantizar una circulación adecuada de productos importados dentro de la región (…) Un acuerdo no produciría un valor añadido real en ausencia de unas disposiciones que garanticen la circulación efectiva y completa de los productos agrícolas de la UE en el interior de la zona del Mercosur», dice el punto 51 del informe, al que accedió La Nacion.
La cancillería argentina no cree que el Parlamento Europeo haya tenido injerencia en las negociaciones. Pero no es la misma opinión que La Nacion recogió de varios embajadores de la UE en el país, quienes sostienen que si bien técnicamente el Parlamento no interfiere, su opinión es la voz de toda la unión y es tomada seriamente en cuenta.
El informe A7-0030/2011, aprobado por unanimidad por el Parlamento de la UE el 8 de febrero, es categórico al analizar las perspectivas de un entendimiento con el Mercosur.
El punto 48 señala que ese cuerpo «está sumamente preocupado por el impacto en el conjunto del sector agrícola de la UE de un posible acuerdo de asociación con el Mercosur». Y considera necesario que se revisen las concesiones para «proteger los intereses de nuestros agricultores».
El mensaje es claro. El Parlamento «considera inaceptable que la Comisión reanude las negociaciones con el Mercosur sin hacer pública una evaluación del impacto pormenorizada y sin involucrarse en un debate político adecuado con el Consejo y el Parlamento», y exige que se «vele por la inclusión de concesiones arancelarias simétricas en los acuerdos».
El informe se detiene particularmente en Brasil y en la Argentina. El punto 54 exhorta a que se estudien los diferentes informes publicados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria brasileña (Anvisa) sobre el uso generalizado en Brasil de plaguicidas «prohibidos en la UE y en casi todo el mundo, que pone de relieve los graves riesgos para la salud derivados de esta práctica».
Al mencionar a la Argentina, el punto 55 del informe es tajante: «Manifiesta su profunda preocupación por la política que está aplicando la Argentina, que viola las obligaciones de la OMC, para limitar las importaciones de productos alimentarios que compiten con su producción nacional». En tanto, «señala que esas medidas se añaden al sistema de licencias de importación no automáticas de la Argentina, que ya ha repercutido negativamente en las exportaciones de la UE».
Las quejas que hicieron los parlamentarios europeos tuvieron sustento en los números que incluye el informe: el déficit del comercio agrícola de la UE alcanzó un nivel récord de 7000 millones de euros en 2008, y el déficit de la UE con el Mercosur se ha más que duplicado desde 2000. A la vez, considera que las importaciones de la UE de productos agrícolas del Mercosur representan 19.000 millones de euros, frente a 1000 millones de exportaciones.
Fuente:
La Nacion
