¿Puede la reciente reforma aduanera quitarle competitividad a los puertos mexicanos?

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Hay alerta en los empresarios logísticos mexicanos, y especialmente en las empresas portuarias debido a cambios que se decretaron el pasado 25 de junio en materia aduanera.


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Se trata de la llamada Reforma Aduanera que, para todos los especialistas que consultamos, comenzará a encarecer al Sistema Portuario Mexicano ya que los privados no absorverán estos «dobles tributos» que traslarán al precio final de sus servicios.

El Director General de la ATOP, Jaime Aguilar, dijo que el 90% de las terminales portuarias del país sufrirán estas medidas y se espera que las tarifas portuarias se incrementen entre un 12% y un 15%, lo cual impactará directamente a importadores y exportadores nacionales.

Para Aguilar, al ser recintos fiscalizados, los puertos pagan a Hacienda vía las Aduanas, una contraprestación por el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior; independientemente de la contraprestación que pagan a las Administraciones Portuarias Integrales (API) por concepto de uso, aprovechamiento y explotación de las áreas en las que operan bajo contrato de cesión parcial de derechos, donde además ofrecen los servicios previstos en la Ley de Puertos. Pero aclaró que con las modificaciones del pasado lunes, las terminales tendrían que pagar tanto a la API, como a la SHCP, la contraprestación por dichos servicios, además de la contraprestación que ingresan a esta última dependencia por el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, donde radica el doble pago.

El artículo más conflictivo de la reforma aduanera es el número 15, el cual estipula que cuando en los lugares habilitados para la prestación de los servicios objeto de la concesión o autorización, se presten servicios distintos del manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, los ingresos por dichos servicios se considerarán distintos de los ingresos que conforman la base del aprovechamiento, en tanto no excedan del 10% del total de los ingresos asociados a la concesión o autorización respectiva.

Los expertos creen que estas modificaciones le quitarán competitividad a los puertos mexicanos y los navíos podrían preferir recalar en recintos de Estados Unidos o de cualquier país Centroamericano.

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