Le recomendarán a Mujica una sociedad mixta para hacer puerto de aguas profundas
El gobierno relanzará la próxima semana el mayor proyecto de infraestructura previsto para el actual período, cuando una comisión interministerial que preside el asesor presidencial Pedro Buonomo entregue al mandatario José Mujica el informe sobre los aspectos institucionales que determinarán la construcción del puerto de aguas profundas. En el documento estarán las distintas opciones jurídicas y el marco legal para poner en marcha una obra cuya inversión podrá superar los 1.500 millones de dólares, según estimaciones de varios interesados en construirlo, aunque el impacto económico rebasa ampliamente esa cifra si se computan otros emprendimientos productivos y negocios logísticos de gran relevancia asociados a esta mega construcción.
Buonomo aseguró que es intención de la comisión que comanda finalizar el reporte antes de fin de este mes. El funcionario, que dirige un equipo de trabajo que integran los subsecretarios de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Pablo Genta, Economía y Finanzas (MEF), Luis Porto, Industria, Energía y Minería (MIEM), Edgardo Ortuño y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Raquel Lejtreger, dijo que el informe ponderará en sus conclusiones la utilidad del nuevo mecanismo de asociación entre públicos y privados -aprobado a mitad de 2001- como ingeniería para conjugar los intereses del Estado y los inversores.
Hasta el momento hay cuatro proyectos que han oficializado el interés por la obra, de los cuales tres siguen en carrera. Uno es la minera anglo india Zamin Ferrous -representada en Uruguay por Aratirí- que busca erigir la obra en terrenos del Ministerio de Defensa Nacional, en una zona a cuatro kilómetros al este de La Angostura. El segundo es lla Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones (CODI), una empresa uruguaya patrocinada por la Cámara de Comercio Epaña-Israel que pretende la inversión en las mismas playas rochenses. El tercer interesado es el grupo Christophersen. Por su parte, la carpeta de la constructora uruguaya Santa María, que expresó su interés por realizar la obra en Punta Negra, al este de Piriápolis, fue desestimada por el gobierno meses atrás.
El informe de la comisión interministerial recomendará una “ubicación preliminar específica” en las costas rochenses, dijo Buonomo. El jeraca señaló además que no fue tarea de la comisión en esta primera etapa entrar en contacto con los privados para negociar las futuras y eventuales intervenciones, una instancia que sí estará contemplada en el “diálogo competitivo” bajo el cual está previsto iniciar las negociaciones con los interesados señalados, o con otros nuevos.
Buonomo dijo que el trabajo de la comisión entregará “una rica recopilación de aspectos técnicos complejos”, que constituirán un insumo para la decisión final, “que le corresponde al presidente (Mujica)”. El asesor presidencial a cargo de los estudios aseveró, sin embargo, que el gobierno trabaja en la dirección para adjudicar la obra durante este período de gobierno, con la intención de comenzar la construcción de inmediato.
Interés del grupo Christophersen
El grupo naviero uruguayo Christophersen también pretende construir el puerto de aguas profundas y presentó al gobierno un proyecto, confirmó el presidente de la compañía, Jorge Fernández. La propuesta “busca demostrar que es posible la construcción de una obra viable y sustentable en el tiempo, acoplándose a los intereses económicos y ambientales del país”, dijo Fernández. Admitió que los estudios de factibilidad fueron realizados para erigir el emprendimiento en Rocha, en una zona próxima a la de las propuestas de los dos privados restantes. Añadió que la profundidad prevista es de 21 metros.
Para Fernández, la realización de un puerto de aguas profundas representará “una verdadera independencia para Uruguay, similar a la de 1828”, debido a que para admitir el ingreso de buques de gran porte a las terminales portuarias nacionales -Montevideo y Nueva Palmira- “están subordinadas a la voluntad política de Argentina”. En opinión del empresario «una obra de tal magnitud significa un ejercicio de real soberanía para un país forjado en relación a sus puertos y a la actividad de estos». También calificó como una “posibilidad atractiva” una asociación con el Estado u otros privados. “Una decisión de este tipo no puede estar amenazada por intereses pequeños”, dijo Fernández.
Con información del diario Últimas Noticias
