La Corte apoya la gestión de la Aduana en temas ambientales
La Dirección Nacional de Aduanas enfrenta actualmente dos medidas cautelares, una que está firme y ejecutoriada, y que le obliga a cumplir de manera estricta la Ley N° 4397/11, que prohíbe el uso de tripolifosfato en todo el territorio nacional, tanto en la fabricación local de jabones y detergentes como en productos importados, y otra promovida por la empresa Unilever del Paraguay SA, y otorgada por la jueza penal de la adolescencia Edith Coronel Alen. Esta medida presiona al ente de control a despachar todos los productos de la citada multinacional, posiblemente sin la presentación de todos los certificados (de no contener fosfatos) exigidos por la ley y su reglamento.
De acuerdo con fuentes de la DNA, la directora general de Aduanas, Abog. Rocío Vallejos, se reunirá mañana, a las 07:30, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Víctor Núñez, en su despacho, para recibir el apoyo de la máxima instancia jurisdiccional a su buena gestión, teniendo en cuenta que actualmente existe mucha presión para pasar por alto las normativas nacionales relacionadas a la protección del medio ambiente.
Cabe señalar que el amparo constitucional, impulsado por la Asociación de Industriales Domisanitarios y Afines (AIDA), está firme y ejecutoriado, cuya decisión judicial inclusive fue ratificada por la Sala Constitucional de la Corte, que había rechazado “in limine” (sin trámites) por improcedente la acción de inconstitucionalidad deducida por los representantes de Unilever, empresa que posteriormente logró su “propio” amparo, cuya sustanciación se encuentra en trámite.
Advertencias a jueces
En ese mismo sentido, el titular de la Corte, Víctor Núñez, instó el viernes último a todos los jueces del departamento Central a evitar conceder amparos a fábricas e industrias que contaminan el lago Ypacaraí, a las que habría que sumar las importadoras de productos domisanitarios con tripolifosfato de sodio. Lo hizo en el marco de un encuentro con el presidente de la República, Federico Franco, y parte de su gabinete, a más del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, donde el reclamo del Poder Ejecutivo fue que los jueces no concedan más amparos a las fábricas y empresas que contaminan el lago. Tras el encuentro, Núñez convocó de urgencia a todos los magistrados del departamento Central, entre ellos los de San Lorenzo, Luque, J. Augusto Saldívar, Lambaré y Capiatá, informaron fuentes judiciales.
El presidente de la Corte insistió en que es grave la contaminación del lago Ypacaraí, por lo que no se debe beneficiar a sus responsables. Algunos jueces –que ya concedieron amparos– se justificaron con el argumento de que es una “exageración” de la prensa y que las medidas se ajustan a derecho. Núñez reiteró que no se debe beneficiar a los que contaminan el Ypacaraí.
Fuente: diario ABC de Paraguay
