Continúan saliendo más proveedores que fijan precios “rígidos”; las reacciones por el caso Grütter se multiplican; claman ley de competencia.
Una fuerte multa de hasta el 10 por ciento de la facturación bruta del producto afectado es el “castigo” propuesto para los infractores o distorsionadores del mercado que pretenden imponer los famosos “precios sugeridos”, según el anteproyecto de ley de competencia presentado al Congreso por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).La imposición de precios sugeridos por proveedores y el consecuente “castigo” a los comercios que venden por debajo de esta marcación, como sucedió con Casa Grütter y otros supermercados movieron el avispero y aceleraron la presentación de un nuevo proyecto de “Ley de Defensa de la Competencia”, el pasado martes al Senado.“Con esto se pretende garantizar una competencia efectiva en el mercado nacional, maximizando la eficiencia de la producción de las empresas, asegurando la libertad de comercio y acceso a los mercados, promoviendo condiciones justas y equitativas para las pequeñas y medianas empresas”, dijo Max Haber, titular de Feprinco.Varios puntos polémicos se destacan en las fojas del documento presentado al presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Carrizosa. Por ejemplo, en un capítulo se abordan acuerdos restrictivos de la competencia como la fijación o imposición de forma directa o indirecta de los precios de compra o de venta de modo abusivo y la posición dominante en el mercado.De acuerdo con la propuesta, las sanciones o medidas disciplinarias serían analizadas por una “autoridad de aplicación” denominada Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), con capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. Se considerarán abusos las imposiciones directas o indirectas de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos.El anteproyecto también habla de precios predatorios en perjuicio de los competidores, por ejemplo, “cuando el precio aplicado por el comerciante sea injustificadamente inferior al precio efectivo de adquisición, o al precio de reposición”.El estudio fue consensuado en una “Comisión ad hoc para la Ley de Defensa de la Competencia”, en la que participaron la UIP, ARP, Cit, la Cámara de Farmacias del Paraguay, empresarios, técnicos y especialistas. En el 2008, se presentó un documento similar a la Cámara de Diputados que le dio media sanción y luego la Cámara de Senadores terminó por rechazar. Esto motivó que el sector privado retomara el estudio de la normativa y presentara una propuesta consensuada.NUEVA LISTA Ayer la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop) develó una nueva lista de proveedores que supuestamente imponen precios “rígidos” que exigen sean respetados, dieron nombres como Unilever, Nilcos, Nestlé y Paresa La Nación pudo igualmente recoger otras reacciones de supermercadistas, proveedores y también rescató la opinión de los consumidores que son los verdaderos afectados por el boicot a los comercios que venden a precios más bajos. (Ver apartados)En todos los sectores surgieron manifestaciones con respecto al caso de la imposición de que desembocó en el desabastecimiento a Casa Grütter, Supermercado Mburukuja, La Bolsa, Garibaldi y tiendas mayoristas del Mercado de Abasto y el Mercado 4.Fuente:
La Nacion
