La embajada de España en Uruguay sigue «con atención» la problemática que afecta a empresas pesqueras de ese país, y que en muchos casos hizo que dejaran de operar en el puerto de Montevideo. No se descarta un planteo al canciller Almagro.
La decisión de las empresas armadoras fue causada por la ola de reclamos laborales que se presentan contra los buques una vez que llegan al puerto de Montevideo, y que por orden judicial se traban embargos contra los barcos y también se les prohíbe zarpar.
Esos reclamos son impulsados, principalmente, por marinos peruanos que exigen supuestos créditos laborales impagos por cifras que en muchos casos superan los US$ 100.000. Incluso, en una de las últimas demandas, un solo tripulante reclamó US$ 462.000.
Por esta situación, las empresas armadoras españolas han mantenido contactos con la embajada de ese país en Uruguay, que «sigue con mucha atención el asunto», dijo una fuente de la sede diplomática consultada por El País.
«La comunicación es constante y fluida. Las empresas nos han transmitido su preocupación por estos casos ya que cada vez se les hace más difícil trabajar en el puerto de Montevideo, como ha sido su tradición», indicó la fuente.
Con motivo de los últimos reclamos, hay 15 buques pesqueros de distintas empresas que decidieron dejar de utilizar el puerto de Montevideo, según dijo Manuel Barros, director de la agencia marítima Barros, que representa en Uruguay a varios armadores españoles.
Los buques pescan en aguas internacionales y también en la zona de las Islas Malvinas, y llegan a Montevideo para descargar su producción una vez que llenan sus bodegas.
Ayer, el canciller Luis Almagro viajó a España para una visita oficial y «probablemente» la problemática de las empresas armadoras sea planteada por las autoridades españolas, según adelantó el informante diplomático.
El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, reconoció que han existido problemas con empresas españolas, pero dijo que «no es algo que dependa» del organismo.
«No corresponde que la ANP haga demasiado porque no es un tema que esté en sus manos», dijo Díaz. Agregó que hasta ahora solamente una empresa decidió pasar a operar en el puerto de Río Grande do Sul.
En tanto, Mario Baubeta, director de la agencia marítima Tranship y presidente del Centro de Navegación, dijo que a raíz de la ola de reclamos laborales, varias empresas decidieron hacer el trasbordo de mercadería en alta mar «para evitar el puerto de Montevideo».
Baubeta dijo que la dificultad no radica en los reclamos que los trabajadores están en su derecho a realizar, sino en los montos «disparatados» y en la prohibición de zarpe de los buques como medida cautelar.
«PROPIA MEDICINA». Por su parte, José Franco, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), dijo que el gremio «está en contra» de la postura de los tripulantes peruanos de presentar reclamos laborales.
«La táctica de esta práctica oportunista es presentar juicios y embargos por cifras exorbitantes para negociar por mucho menos», dijo Franco.
Según indicó el dirigente sindical a El País, si las empresas españolas conformaran sus tripulaciones con marinos uruguayos, el Suntma «asegura que este tipo de situaciones no van a ocurrir».
El problema, según Franco, es que los armadores, a tripulantes de nacionalidad peruana, «les pagan muy poco y no les otorgan ningún beneficio, y por eso ahora con esto que está ocurriendo les están pagando con su propia medicina».
El Suntma, al igual que los empresarios navieros, consideran que la solución a esta situación pasa por el ámbito legislativo, de forma que los jueces que reciben los reclamos tengan un mecanismo ágil que permita sustituir el embargo con prohibición de zarpe por una garantía bancaria o un seguro internacional.
A fines de 2010, los diputados frenteamplistas Jorge Pozzi y Gonzalo de Toro presentaron una iniciativa que crea un sistema mediante el cual los jueces podrán sustituir embargos por otro tipo de garantías. El proyecto de ley está a estudio de la Comisión de Constitución de Diputados, que en marzo analizará la propuesta.
US$ 200: por año
La actividad de pesqueros de origen español en el puerto de Montevideo representa unas 1.000 toneladas de pescado al año, lo que en dinero equivale a unos US$ 200 millones, según dijo el dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), José Franco. Por año, son cerca de 100 escalas.
Fuente:
El País Digital
