Especificarán uso de zonas francas ante posible violación al régimen
Crítica. Operadores califican de «confuso» el proyecto de decreto oficial
ANDRÉS OYHENARD
El Ejecutivo pretende especificar el alcance del régimen de zonas francas tras constatarse que algunos usuarios no estaban cumpliendo con el espíritu de la norma. La Cámara de Zonas Francas calificó de «confuso» al proyecto de decreto.
En la pasada reunión del Consejo de Ministros, el Secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció que el Poder Ejecutivo pretendía «especificar» el alcance del régimen de zonas francas al constatarse una «desnaturalización» del sistema.
Fuentes del Ministerio de Economía explicaron ayer a El País que la DGI planteó dudas sobre las actividades que realizan algunas empresas en territorio «no franco» y que por eso el Ejecutivo apunta a «precisar qué tipo de tareas son sustantivas y cuales no. La ley es clara, pero siempre hay cosas que están en el borde», añadieron. Por ejemplo, el hecho de realizar publicidad fuera del territorio no franco.
Según supo El País un operativo que lanzó hace un tiempo la Dirección General Impositiva (DGI) -que aún no ha culminado- sobre las distintas zonas francas fue el puntapié inicial para que el Ejecutivo decidiera tomar cartas en el asunto. Precisamente, fuentes oficiales reconocieron ayer a El País que en inspecciones que realizó la DGI a usuarios de la Zona de Franca de Florida se constató que algunos usuarios de este régimen tienen oficinas en Montevideo donde realizan sus actividades amparados en el sistema que les permite estar exentos de impuestos.
Sin embargo, la DGI entendió que estas empresas no estaban amparadas en el régimen de zonas francas (al operar fuera del exclave de Florida) y les correspondía tributar. Por eso, el organismo pretende el pago de IRAE retroactivo desde que estas firmas están operativas.
Esto motivó que el presidente de la Zona Franca de Florida (y titular de la FM M24), Luis Calachi, mantuviera una entrevista con el Presidente, José Mujica, y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, donde les planteó su disconformidad con esta iniciativa. Tras el encuentro, Calachi envió un comunicado a sus usuarios explicando la negociación y les dice que podrán tener oficinas fuera del exclave (ver aparte). Sin embargo, las fuentes de Economía aclararon que el proyecto de decreto que se envió no prevé que una empresa de zona franca puede tener oficinas y realizar operaciones con mercaderías fuera del territorio franco como sostiene el texto que envió Calachi a sus usuarios.
El País se comunicó el viernes con Calachi y este dijo que por el momento no iba hacer declaraciones ante lo «confuso» del tema. Ayer se intentó nuevamente la comunicación, aunque en su oficina señalaron que no se encontraba.
El director de la DGI, Pablo Ferreri, dijo a El País que las inspecciones del organismo no están dirigidas a un solo operador sino que abarcaron a distintas zonas francas y que aún no hay datos sobre la finalización de las inspecciones.
En la misma línea, un operador de zona franca explicó a El País en ningún momento el proyecto de decreto maneja una «flexibilización» del régimen como deja entrever el comunicado que envió Calachi a sus usuarios. Según el breve texto del decreto, las zonas francas «no pueden desarrollar fuera de su territorio aquello que es elemento sustancial del objeto de la sociedad».
«Las actividades comerciales que no pueden desarrollarse son aquellas de carácter sustantivo realizadas por sí o a través de terceros: tales como compraventa, exhibición o entrega de mercadería y cobranzas», sostiene el borrador.
La Cámara de Zonas Francas -de la que la de Florida no forma parte- analizó este decreto y entendió que el mismo «está muy mal redactado y es confuso, ya que no debería especificar que las tareas pueden realizarse a través de terceros y no aclara qué es el carácter sustantivo de la norma», dijo una fuente de la gremial. «Es raro lo que pide el Ejecutivo: porque es sustantivo y hace al objeto, o directamente se prohíbe toda actividad y las que se hagan tendrán que hacerse a nombre de un tercero que operaría como sucursal de una empresa de zona franca en territorio no franco que pague todos los impuesto», agregó.
En tanto, el presidente de la Cámara de Zonas Francas, Orlando Dovat, rechazó los comentarios del Secretario de la Presidencia, sobre una presunta «desnaturalización» del régimen. «(Alberto) Breccia no puede acusar en forma general a todos los actores de zonas francas de estar desnaturalizando al sistema porque, si hay usuarios que se desvían de la ley, hay que castigarlos», afirmó. Agregó que el gobierno es quien debe regular y poner los actores que están operando en forma irregular «en su lugar».
Comunicado
El presidente de la Zona Franca de Florida, Luis Calachi, envió un comunicado a sus usuarios -al que accedió El País- tras reunirse con el Presidente, José Mujica y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. El mismo sostiene que «(…) los usuarios de las zonas francas pueden, sin perder su calidad de tales, realizar en cualquier parte del territorio no franco las siguientes actividades: 1) Tener oficinas. 2) Pactar operaciones de su giro, tal es el caso de la venta de sus mercaderías situadas en zona franca, sea por sí o a través de vendedores. 3) Documentar esas operaciones. Cualquier opinión contraria a estas pautas, emitida por funcionarios públicos en tareas inspectivas, se aparta de la opinión del gobierno», advierte el comunicado
Fuente:
Diario El País Digital
