Colombia busca reactivar el Muelle 13 de Buenaventura tras acuerdo preliminar
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia y Grupo Portuario S.A. firmaron un memorando de entendimiento para avanzar hacia la reactivación del Muelle 13 del puerto de Buenaventura; cuyas operaciones están suspendidas desde enero de 2025.
El acuerdo, suscrito el 31 de octubre, establece una hoja de ruta para resolver una controversia contractual con pretensiones económicas cercanas a US$30 millones; y también evaluar las condiciones para recuperar la actividad de esta terminal especializada principalmente en carga granelera.
Según las estimaciones de la ANI, la reapertura permitiría atender más de 50 buques al año, incorporar 50.000 toneladas de capacidad de almacenamiento; y habilitar más de 70.000 m² para acopio de minerales. Además, contribuiría a recuperar 500 empleos directos y 1.500 indirectos.
La suspensión presiona la capacidad portuaria
La salida de operación del Muelle 13 redujo la infraestructura disponible para movilizar graneles en Buenaventura. De acuerdo con cifras divulgadas por la ANI, el tiempo promedio de espera de los buques graneleros pasó de 17,6 horas en 2024 a 57,9 horas en 2025.
La entidad vincula este incremento con la suspensión del terminal y las mayores exigencias sobre las instalaciones que continúan operativas. En ese contexto, recuperar el muelle permitiría ampliar la capacidad de recepción y almacenamiento; además de ofrecer nuevas alternativas a los usuarios del puerto.
La reapertura depende de acuerdos y requisitos ambientales
La controversia tiene antecedentes en decisiones adoptadas entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 sobre una modificación del contrato de concesión. En mayo de 2025, la ANI presentó una demanda contra Grupo Portuario S.A.
Por otra parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó suspender las operaciones en enero de 2025; mediante una medida preventiva relacionada con los instrumentos de manejo y control ambiental.
Por tanto, el memorando también representa una etapa preliminar. No resuelve definitivamente el litigio ni autoriza el reinicio inmediato de las actividades. La reapertura dependerá de los acuerdos pendientes y del cumplimiento de las exigencias ambientales.
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