El día de ayer, el gobierno nacional decidió echar por tierra el proyecto de Gas Sayago, empresa cuyo paquete accionario pertenece en un 81% a UTE y otro 19% a ANCAP.
Marta Jara, presidente de Ancap, explicó que el gobierno venderá los «activos importantes» del proyecto ya que luego de que no se llegara a un acuerdo con Shell, no hubo nuevos contactos para poder materializar un proyecto que despertó gran interés y que fue catalogado por la anterior administración como «estratégico».
Según la funcionaria, se está pensando vender dichos activos mediante la modalidad que rige para los bloques onshore: se mantiene un data room vivo y los interesados firman un acuerdo de confidencialidad, estudian la data, evalúan el negocio y tienen una frecuencia en la que pueden hacer su oferta.
Jara dijo además que hay un plan concreto para ir desvinculando a la gente en la medida en que se van cerrando las actividades, indicando además que Gas Sayago fue muy exitosa en todo lo que fue litigios, cobrar las garantías, llevar adelante juicios. Muchos no están de acuerdo con esta apreciación y se preguntan si, a sabiendas de que no era posible llevar adelante el proyecto (o había dudas razonables de que no se materializaría) por qué se pagaban U$S 3 millones anuales en materia de salarios con la regasificadora sin funcionar.
La titular de Ancap manifestó que la ANP quedará con una estructura en la zona de Punta de Sayago valuada en unos U$S 20 millones, y muchas fuentes consultadas creen que se podría materializar allí algún proyecto portuario a mediano plazo.
