El 75% de los empresarios cree que la libre competencia funciona mal
Clave. No obstante nueve de cada diez desconocen la ley que la regulaNueve de cada diez empresarios no conoce la ley de Defensa de la Competencia, lo que explica que casi la mitad de ellos afirme que la fijación coordinada de precios entre firmas de un mismo ramo no sea una práctica anticompetitiva.
Aún así el 75% de los consultados cree que la libre competencia no funciona correctamente.
«Las prácticas que se indican a continuación, se declaran expresamente prohibidas: (…) concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva», dice el artículo 4° de la ley 18.159 de Promoción y Defensa de la Competencia.
Pero, en una encuesta de Interconsult elaborada para la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- un 44% de los empresarios de Montevideo no cree que esa sea una práctica anticompetitiva.
En el rubro comercio y en las firmas chicas (menos de diez puestos de trabajo) aumentan los que no consideran como anticompetitiva esta práctica.
La encuesta se elaboró en agosto de este año, sobre 320 casos efectivos y consideró a empresas de los rubros industria, comercio, transporte y telecomunicaciones, servicios y actividades inmobiliarias de la capital del país. El problema está en el desconocimiento de los ejecutivos sobre la legislación en la materia.
«Sólo un 7% dice ha sentido hablar de la legislación sobre promoción y defensa de la competencia, mientras que una cuarta parte `poco` y el 67% `nada`» y cuando se les pregunta si conocen la ley 18.159 el porcentaje que no escuchó hablar de esta ni la conoce llega a 88%. «Además, un categórico 94% dice no saber cuánto tiempo hace que la ley está vigente. Por otra parte, un 84% dice no saber nada de alguna organización que trabaje en el campo de la competencia. Estos datos hablan por sí solos», afirma Interconsult. De todas maneras, estas conclusiones no son necesariamente compartidas por el órgano de Economía.
Aún con el alto nivel de desconocimiento sobre la ley, un 79% de los empresarios es capaz de mencionar correctamente a la distribución acordada entre dos empresas en las licitaciones públicas como una práctica anticompetitiva.
FUNCIONAMIENTO. Solamente dos de cada diez empresarios creen que los principios de libre competencia funcionan bien (18%) o muy bien (5%) en Uruguay de acuerdo al sondeo.
Casi la mitad (48%) de los ejecutivos entrevistados «piensa que los principios de libre competencia no se cumplen cabalmente en Uruguay a lo cual se suma un 27% que creen, que directamente, funcionan mal o muy mal», asegura Interconsult.
«Entre los dirigentes industriales se encuentran los juicios más extremos» acerca de considerar que «la libre competencia funciona bien (29%) y quienes piensan que funciona mal (38%), mientras que en los otros dos sectores las respuestas tienden a ubicarse en el medio, es decir que la libre competencia funciona `regular`», agrega. A su vez, se señala en la encuesta que «en las empresas grandes es donde existe mayor conformidad con el libre funcionamiento de la competencia en Uruguay, al contrario que en las empresas de menor tamaño».
Una tercera parte cree que no hay diferencias en el grado en que la libre competencia está vigente en determinados mercados de bienes o servicios, pero el 63% opina que sí existen diferencias entre los mercados.
Los empresarios también fueron consultados acerca de si «reclamarían o no ante una situación que obstaculice la libre competencia».
Las respuestas arrojan que «una amplísima mayoría del 78% afirma que si se encontraran frente a una situación de obstaculización de la libre competencia seguramente (63%) reclamarían o probablemente (15%) lo harían».
El desconocimiento empresarial sobre la legislación en la materia vuelve a hacerse presente cuando se les pregunta ante quién harían el reclamo.
«El 35% dice no saber a quien reclamar en el caso que quisiera hacerlo», indica Interconsult, un 15% lo haría frente al Ministerio de Economía, el 9% ante «la comisión correspondiente o encargada de estos temas», el 7% reclamaría ante los «servicios de defensa del consumidor», el 6% ante su gremial empresarial, «genéricamente, el 5% dice que reclamaría al Estado, un 3% iría con sus abogados y el 2% al `organismo de contralor` que corresponda».
Con otros porcentajes menores aparecen la Justicia, «la empresa», la prensa, «los proveedores» y hasta la Dirección General Impositiva.
Solo 6% identificó correctamente a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia como el lugar a donde dirigiría su reclamo.
Precios: Casi la mitad cree que la fijación coordinada entre firmas no es anticompetitiva.
Los consumidores son los beneficiados
Cuando a los empresarios se les preguntó ¿qué entienden por promoción y defensa de la competencia?, un 12% no supo qué contestar, un 15% se refirió a una normativa que asegure la libre competencia y aumente la transparencia del mercado, un 14% a igualdad de oportunidades y un 12% a promocionar libremente sus productos, entre otras respuestas. Según los datos de Interconsult, «para el 67% de los empresarios los consumidores son los principales beneficiarios de una política de promoción y defensa de la competencia, mientras que el 60% cree que es el mercado en general y casi otro tanto opina que son las empresas. Finalmente, el 42% entiende que los beneficiarios son los propios competidores».
Agrega que «cuando se solicita que nombre un solo beneficiario como el principal, la mayoría relativa del 43% se inclina por los consumidores, un 27% por las empresas, el 23% por el mercado y un 5% por los competidores».
Harán examen
Si bien no duda sobre los resultados de la encuesta y reconoce la solvencia de la empresa Interconsult, el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, Sergio Milnitsky, señaló en el documento que «creemos necesario realizar un examen de los indicadores desde una óptica especializada en defensa de la competencia para confirmar o matizar dichos resultados».
fuente:El País Digital
